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A esta actividad asistieron representantes de universidades interesadas en conocer la Competencia Internacional de Arbitraje, entre las cuales se encuentran la Universidad Central, Universidad de La Serena y Universidad Mayor. Por Claudio F. On-line Presencial Zaragoza. Antidroga de la Comunidad de Madrid cam , ha organizado en seis ocasiones En repetidas ocasiones se han recibido sugerencias acerca de la posibilidad de impartir un curso de estas características a d Grupo ATU. Estudios de Empresa.
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Hay que tener en cuenta que este recurso de capitalización ha sido solicitado por otros 8 grupos financieros españoles, que engloban a 28 cajas de ahorros.
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Desde su intervención el 22 de julio de , la administración correspondió al Banco de España. En el momento de la nacionalización la CAM manejaba activos por valor de unos También anunció que se reduciría la plantilla en unos 2. Las sucursales de Banco CAM pasaron a denominarse SabadellCAM en la Comunidad Valenciana y Murcia , mientras que las que tenía la entidad alicantina fuera de estas comunidades pasaron a integrarse bajo la denominación genérica del grupo Sabadell.
A partir de este momento, el Protectorado correspondiente debía nombrar una comisión gestora de la fundación especial a los efectos de aprobar los Estatutos, nombrar al patronato, fijar el régimen que corresponda para la amortización inmediata de las cuotas participativas y adoptar cuantos actos o acuerdos sean necesarios para materializar la transformación. Tres meses después de su nombramiento oficial, se constituyó esa gestora, la cual debía redactar unos estatutos para la fundación y proponer su puesta en marcha definitiva. Sin embargo, el gran problema de esta institución era dar una solución final a las cuotas participativas.
Estas acciones sin derechos políticos que emitió la antigua caja se quedaron sin valor con la crisis de la entidad, pero no se llegaron a liquidar por el coste social que conllevaba.
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En abril de , se presentó un nuevo plan estratégico que contempla, entre otras medidas, la posibilidad de un ahorro de costes de personal y de una nueva marca corporativa. El 28 de septiembre de , el Banco de España despidió disciplinariamente a María Dolores Amorós, directora general de CAM, por lo que no tendría derecho a indemnización ni a la renta vitalicia anual de En diciembre de , la Audiencia Nacional decidió absolver a los exdirectivos de la antigua caja Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés de los delitos de apropiación indebida y administración desleal.
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En febrero de , la Audiencia Nacional acordó la acumulación en una sola causa de las irregularidades en la gestión de la entidad y la venta de cuotas participativas. En octubre de , la Audiencia Nacional condenó a cuatro exdirectivos de la extinta caja por delito societario continuado de falsedad contable y delito de falsedad en la información a los inversores, por realizar conductas "tendentes a distorsionar las cuentas y balances de la entidad".
Los exdirectores generales de la entidad financiera, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, resultaron condenados a tres años de prisión por el delito societario continuado de falsedad contable. Respecto al ex director General de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García, la Sala le impuso dos años, nueve meses y un día por el delito societario continuado de falsedad contable.
En , se comenzaron a investigar 11 proyectos inmobiliarios en Cataluña , Comunidad Valenciana , Murcia y Andalucía , que supusieron para la entidad una inversión de ,2 millones y que generaron pérdidas por importe de millones. En abril de , la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrir la causa.
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En octubre de , se descubrió un agujero de las inversiones inmobiliarias turísticas de la entidad en México , el cual se estimó en unos 4. El resultado fue de nueve detenidos y once imputados por fraude fiscal.
En diciembre de , la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela archivó provisionalmente la causa. En abril de , la sección tercera de la Audiencia Nacional ordenó la reapertura de la causa, concluyendo que las operaciones de la caja con los empresarios Ferri y Baldó causaron un daño de 28 millones a la entidad y al Fondo de Garantía de Depósitos FGD.